PRÁCTICA 2

Dª Rosalinda Fox acaba de terminar sus estudios en Derecho y se dispone a trabajar en un bufete de abogados. Su primer encargo es interponer demanda contra las actuaciones que a continuación se señalan, por lo que su primera tarea es averiguar cuál es la jurisdicción competente en cada caso y, muy particularmente, si procede ante la Jurisdicción civil o ante la Jurisdicción contencioso-administrativa:

1. Dª Sofía Montalvo viajaba en el autobús cuando, como consecuencia de una maniobra brusca, cayó al suelo fracturándose el brazo. Se da la circunstancia de que el servicio público de transportes se encuentra concedido a la entidad mercantil KEPRISA.

En este supuesto nos encontramos con que KEPRISA presta un servicio público en régimen de concesión. Desarrollando tal servicio público, se producen unos daños a Dª Sofía Montalvo, los cuales son reclamados. En este punto nos encontramos con la duda de si acudir a la vía civil o a la vía contencioso administrativa.

El artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño o las víctimas tengan su residencia habitual común en España, serán competentes en el orden civil los Juzgados y Tribunales Españoles”

Además debemos de tener en cuenta que por el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  la jurisdicción civil tiene carácter residual, de forma que atrae para sí el conocimiento de todos aquellos asuntos no específicamente atribuidos a otros órdenes jurisdiccionales.

Por otro lado debemos de tener en cuenta que el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa “las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación que se derive” Y añade que “si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional.”

El artículo 2.e de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece en términos imperativos que corresponde al orden contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación a “la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive, no pudiendo ser demandado aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social.”

Con todos los fundamentos jurídicos anteriores, podemos concluir en primer lugar, que si no se plantea reclamación alguna frente a la administración la vía sería la civil.

Sin embargo, lo normal será la reclamación tanto a la empresa como a la administración. En este sentido, la ley deja claro el carácter unificador que pretende ante una sola jurisdicción. Nos encontramos con una responsabilidad de la empresa cesionaria, pero también en todo caso de la Administración, por ser en el transcurso de un servicio público dónde se produce en incidente.

Un argumento a favor de la vía contencioso-administrativa sería que se trata de un servicio público.

Por el contrario, un argumento para la vía civil sería que se trata de una empresa mercantil, es decir una persona estrictamente jurídico-privada y no participada. Así pues, tanto el causante del daño como el perjudicado son personas jurídicas y físicas particulares, y siendo el causante una entidad o persona jurídico privada regida por el Derecho mercantil, cualquier acto suyo debería caer en la órbita de la jurisdicción civil.

Finalmente, nosotras nos decantamos por la vía contencioso-administrativa, debido a la responsabilidad Patrimonial de la Administración, al carácter de servicio público y a la intención de concentrar las reclamaciones contra la Administración en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, manteniendo así el principio de unidad jurisdiccional.

2. La Comunidad de Propietarios del Residencial VISTAHERMOSA se plantea interponer demanda de reclamación de cantidad contra la empresa concesionaria de gestión del agua, AGUASCARAS, al considerar que existe un error en el sistema de facturación, lo que supone un cobro excesivo de 2.200 euros en las últimas facturas de agua.

Nos encontramos ante un caso en el cual la demanda se interpone por el hecho de que una concesionaria, AGUASCARAS, está cobrando una cantidad excesiva a una Comunidad de Propietarios. Cabe señalar que la gestión de aguas es una tarea pública lo que no impide que los entes públicos puedan mediante un contrato administrativo delegarlas en un ente privado.

Dice el artículo 1.1 de la LJCA «los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujetas al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación».

Antes de continuar debemos determinar lo que entendemos por  Administraciones Públicas, por lo que nos remitimos al artículo 1.2 de la LJCA:

a) La Administración General del Estado

b) La Administración de las Comunidades Autónomas

c) Las Entidades que integran la Administración Local

d) Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas cualquiera de las entidades territoriales anteriores (lo que incluye los entes instrumentales tanto de carácter corporativo como institucional y excluye a  las sociedades mercantiles de propiedad pública y a las fundaciones públicas).

Esto no nos deja claro realmente ante que jurisdicción debemos remitirnos, sin embargo, el artículo 2 extiende el ámbito de actuación de la jurisdicción contencioso-administrativa. El artículo 2 d) de la LJCA atribuye a la jurisdicción el conocimiento de los recursos contra los actos dictados por los concesionarios de los servicios públicos, en el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos.

Por lo tanto, la demanda deberá interponerse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. Dª Mariana León ha sufrido una aparatosa caída en la vía pública como consecuencia de unas obras que se encontraban sin señalizar. Una vez recibida el alta médica formuló reclamación patrimonial al Ayuntamiento, si bien dos semanas después desistió de su solicitud al saber que el Ayuntamiento tiene concertada una póliza de seguros con la empresa TRANQUIPLAN, proponiéndose entonces dirigir su reclamación de forma directa contra esta compañía de seguros ejercitando el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro.

Estamos ante un caso en el que Dª Marina León sufre una caída en la vía pública, en unas obras sin señalizar, cabe decir al respecto que, puesto que las obras no tenían señalización alguna, Dª Marina tiene derecho a solicitar una indemnización.

Esta debería acudir al Ayuntamiento de su municipio, y solicitar un escrito para interponer reclamación de responsabilidad patrimonial, ya que a simple vista, parece claro que se cumplen los requisitos de responsabilidad patrimonial (art 139 LRJPAC y ss.)

 El Ayuntamiento es responsable de garantizar una buena conservación de la vía pública, para que los ciudadanos puedan circular con todas las garantías y de forma óptima.

  El órgano al que se debe dirigir la reclamación es al alcalde de la corporación, dado que a él le compete estimar o desestimar la reclamación (art 21 s LBRL).

 En caso de que el Alcalde desestime su reclamación, puede interponer recurso potestativo de reposición ante él mismo, en el plazo de un mes, o recursocontencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de 2 meses (siempre que la cuantía de tu reclamación no exceda de 30.050 €) art. 8.2 LJCA.

Por tanto, la jurisdicción competente es la jurisdicción contencioso administrativa.